viernes, 14 de febrero de 2014

INJUSTICIA UNIVERSAL

Siempre me ha llamado la atención que el mismo poder que menoscaba sin rubor a los de abajo se doblegue ante quien está por encima de él. Ved lo que está sucediendo, por ejemplo, con la ley de Jurisdicción Universal, que autoriza a nuestros jueces a perseguir delitos cometidos más allá de nuestras fronteras. Quieren cercenarla, reducirla, limitarla  a casi nada.
   Los delincuentes internacionales que saldrán beneficiados son de los Estados Unidos, de China, de Rusia y de otros países que, por la cuenta que les tiene, no reconocen la jurisdicción de la Corte Penal  Internacional, pero que, hasta ahora, sí podían ser encausados en España.
   Se trata de crímenes especialmente atroces como torturas, genocidios, desapariciones forzosas.
   Ya en 2009, cuando gobernaba Zapatero, se había impulsado una reforma para restringir el derecho a la jurisdicción internacional. Ese cambio normativo impidió que la Audiencia Nacional investigase, a instancia de colectivos palestinos, las denuncias de posibles crímenes israelíes en Gaza, durante la operación Plomo Fundido.
   Pero la vuelta de tuerca que hoy se acomete no es recorte, como aquella, sino verdadera asfixia. Si sale adelante, ya saben los desahuciados de la tierra donde no hallarán acogida sus reclamaciones, por justas que resulten, por execrables que sean los crímenes de los que hayan sido víctimas. Los juzgados españoles habrán de permanecer sordos a sus quejas, cerrados a cal y canto a sus demandas.
   Se trata de derechos humanos. ¿Recordáis a José Couso, el cámara de Telecinco al que mató en Bagdad el ejército de EEUU, que atacó el hotel donde se concentraban los periodistas? ¿Y la reciente orden de arresto contra el expresidente chino Jiang Zenin y otros cuatro exdirigentes por delitos de lesa humanidad? ¿Y la querella contra 13 responsables marroquíes del Sáhara Occidental por genocidio, en concurso con asesinatos, lesiones y torturas, contra ciudadanos saharauis entre 1976 y 1988?
   Todos estos procedimientos, y un largo etcétera, están abiertos. La aprobación de la ley supondrá que no se enjuiciarán casos similares en el futuro. (Y estos mismos corren el riesgo de que, contra toda razón, se les aplique la ley con efecto retroactivo y se archiven).
   Mientras tanto esto sucede en España, en Argentina una juez ha abierto indagaciones sobre hechos ignominiosos que afectan a nuestra memoria histórica. A alguien debería caérsele la cara de vergüenza (si la tuviera, claro).

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