EL FUERO, UN DESAFUERO
Ya lo sabéis. El Gobierno y su mayoría parlamentaria aforan
a Juan Carlos de Borbón, un señor que ha sido rey de España durante casi 40
años. Eso significa que solo podría juzgarlo el Tribunal Supremo, cuyos
componentes han sido elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Los
miembros de este último, por cierto, deben su cargo a propuestas de los
partidos políticos (curiosa separación de poderes).
El privilegio rige para lo que el
dimisionario monarca haya podido hacer antes o pueda perpetrar en el futuro,
tanto en el ámbito penal como en el civil, sin excluir delitos privados.
El
primer dislate consiste en cómo se aprueba la norma, que no existía. Como
parece que la cosa urgía (pero –esa es otra- ¿por qué?), el PP ha aprovechado
el debate de una ley, que nada tenía que ver con esta, para colarla… ¡como
enmienda! Es verdad que resulta incomprensible, pero así fue.
Si vamos al fondo del asunto, el
despropósito no parece menor. Estamos hablando de justicia. Si el personaje en
cuestión fuese acusado de la comisión de un delito u objeto de alguna
reclamación, al disponer de fuero no podría encausarlo el juez natural, aquel
al que correspondiera el caso, como sucedería a cualquier español de a pie.
Se mire como se mire, esta merced que se le
otorga conlleva un trato discriminatorio con respecto al conjunto de los
ciudadanos. Pero también se menoscaba a los jueces ordinarios, a quienes se les
impide entender de causas que deberían ser suyas. Suena como si se diese a
entender que se duda de su capacidad o, peor aún, de su imparcialidad. ¿Por
qué, si no, quitarles, en función de quien sea el acusado, la potestad de
enjuiciar?
Se perjudica, además, a quien, considerándose
dañado por alguna actividad del ya ex-monarca, entablase una demanda contra su
persona. ¿O me equivoco y no implicaría mayor dificultad presentarla ante el
Tribunal Supremo y, además, impediría la posibilidad de recurso si el dictamen
fuese desfavorable?
Para mayor contrasentido, antes de abdicar, el
entonces rey recordó en un discurso la máxima de que todos somos iguales ante la ley. Yo, a la vista de la prerrogativa
legal con que se le obsequia, me acuerdo de las palabras atribuidas falsamente
a El Quijote: “Cosas veredes, amigo
Sancho, que farán fablar las piedras”. Serán apócrifas, pero cuánta razón
tienen.
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