domingo, 29 de junio de 2014

EL FUERO, UN DESAFUERO

Ya lo sabéis.  El Gobierno y su mayoría parlamentaria aforan a Juan Carlos de Borbón, un señor que ha sido rey de España durante casi 40 años. Eso significa que solo podría juzgarlo el Tribunal Supremo, cuyos componentes han sido elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Los miembros de este último, por cierto, deben su cargo a propuestas de los partidos políticos (curiosa separación de poderes).
   El privilegio rige para lo que el dimisionario monarca haya podido hacer antes o pueda perpetrar en el futuro, tanto en el ámbito penal como en el civil, sin excluir delitos privados.
   El primer dislate consiste en cómo se aprueba la norma, que no existía. Como parece que la cosa urgía (pero –esa es otra- ¿por qué?), el PP ha aprovechado el debate de una ley, que nada tenía que ver con esta, para colarla… ¡como enmienda! Es verdad que resulta incomprensible, pero así fue.
   Si vamos al fondo del asunto, el despropósito no parece menor. Estamos hablando de justicia. Si el personaje en cuestión fuese acusado de la comisión de un delito u objeto de alguna reclamación, al disponer de fuero no podría encausarlo el juez natural, aquel al que correspondiera el caso, como sucedería a cualquier español de a pie.
   Se mire como se mire, esta merced que se le otorga conlleva un trato discriminatorio con respecto al conjunto de los ciudadanos. Pero también se menoscaba a los jueces ordinarios, a quienes se les impide entender de causas que deberían ser suyas. Suena como si se diese a entender que se duda de su capacidad o, peor aún, de su imparcialidad. ¿Por qué, si no, quitarles, en función de quien sea el acusado, la potestad de enjuiciar?
   Se perjudica, además, a quien, considerándose dañado por alguna actividad del ya ex-monarca, entablase una demanda contra su persona. ¿O me equivoco y no implicaría mayor dificultad presentarla ante el Tribunal Supremo y, además, impediría la posibilidad de recurso si el dictamen fuese desfavorable?

   Para mayor contrasentido, antes de abdicar, el entonces rey recordó en un discurso la máxima de que todos somos iguales ante la ley. Yo, a la vista de la prerrogativa legal con que se le obsequia, me acuerdo de las palabras atribuidas falsamente a El Quijote: “Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras”. Serán apócrifas, pero cuánta razón tienen.

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