domingo, 21 de junio de 2015

A QUÉ LLAMAN RADICALIDAD

Los de las mayorías absolutas de antaño  se desgañitan hogaño. A la complacencia del poder, ha sucedido la ira contra quienes la ciudadanía ha puesto en el lugar que consideraban suyo. Los electores los han situado en la oposición, que sus méritos hicieron. Incapaces de asumir esa nueva condición, se entregan a una frenética y deslenguada actividad desligitimadora de nuevos regidores.
   La argucia más recurrida en esta labor de zapa consiste en motejarlos, en un discurso reiterado y machacón, de extremistas. Aquejados de radicalidad de izquierda –advierten, apocalípticos-  nos conducirán al caos.
   Por sus actos los conoceréis, reza un viejo adagio castellano. O por sus medidas de gobierno, tratándose, como es el caso, de concejales de municipios o de diputados autonómicos, de alcaldes o presidentes de comunidades. De la actividad de los parlamentos nada se puede decir, pues aún no se han constituido. Pero los ayuntamientos ya han empezado a andar y algo se puede valorar sobre las políticas que están adoptando, sobre todo cuando un día sí y otro también se les niega el pan y la sal desde los medios de la derecha, sin concederles siquiera el beneficio de la duda durante los 100 primeros días de gobierno.
   ¿Qué hacen estos antisistema que tanto alarman a los biempensantes garantes del orden, qué está pasando en ciudades como  Valencia o A Coruña, en Cádiz, en Madrid o Barcelona para que llamen a rebato contra sus corporaciones?
   Los regidores se bajan, y no en poco, el sueldo con respecto a quienes los precedieron en el cargo (que son los mismos que ahora los ponen a pan pedir), renuncian al uso de coches oficiales salvo en casos imprescindibles y se les ve acudir a su trabajo a pie, en metro o en bicicleta; entablan negociaciones con los bancos para impedir los desahucios y estudian fórmulas para que nadie se quede en la calle por no poder hacer frente a su hipoteca; se consignan presupuestos para combatir la desnutrición infantil durante las vacaciones escolares; en Galicia, y es de suponer que lo mismo hará el resto cuando la ocasión se presente, los alcaldes de Santiago, Ferrol y A Coruña no asistirán a actividades religiosas por defender el principio de no confesionalidad del Estado...
   Lo malo, para el PP, de estos que tilda de revolucionarios es que son muy razonables. El retrato que de ellos emerge para nada resulta alarmante. Antes al contrario, de sus decisiones se deduce un afán por acercar a quienes ejercen el poder a la ciudadanía y un interés por defender a quienes se había abandonado a su suerte y abocado a la exclusión social o al hambre, o la determinación de no comprometer a las instituciones con ninguna creencia religiosa.

   Quien sale malparado de las acusaciones de extremismo no son, precisamente, los supuestos radicales, sino los que lanzan esos denuestos. Una vez más, enseñan la patita y se muestran en su fea catadura: insolidarios, defensores de privilegios, desentendidos de las víctimas que provoca su política. Al final van a tener razón cuando hablan de que les falla la comunicación. Calladitos estarían mejor. 

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